El tema de los Indígenas en
la Capital colombiana, es una problemática que día a día recrudece. A causa del
desplazamiento forzoso, derivado del conflicto interno que padece el país hace
5 décadas, cada vez es más frecuente observarlos en las calles de la ciudad ya se pidiendo
limosna, vendiendo artesanías o simplemente deambulando, intentando sobrevivir
en esta inmensa selva de cemento.
Por tal razón, Autoridades
Distritales y Nacionales se reunieron el pasado viernes en la Secretaría de Gobierno con
representantes de las comunidades Indígenas Embera Chami y Embera Katí, con el
fin de dialogar, proponer y establecer
estrategias que incidan en acabar con la mendicidad de estas comunidades
en la capital colombiana.
La Dirección de Asuntos
Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno está en cabeza de esta
iniciativa. Sin embargo, este esfuerzo no se concretará si “estas” comunidades,
y el Gobierno Nacional, no se ponen de acuerdo, pues son muchos los afectados de
estas y otras comunidades indígenas a lo largo y ancho de la geografía nacional.
A título personal, considero
que buscar y encontrar alternativas que
erradiquen este flagelo de manera estructurada, especialmente en niños y
jóvenes miembros de estas comunidades, está en manos del Gobierno,
Administraciones Departamentales y Regionales, sectores económicos,
multinacionales y grupos al margen de la ley. Estos últimos, culpables en la mayoría
de los casos de desplazamiento forzoso.
“Erradicar la mendicidad y
el trabajo infantil de los Embera es un compromiso de corresponsabilidad entre
la Administración Distrital y las familias indígenas, que debe propender por el
respeto, especialmente, de los infantes”. Afirmó Rudencindo Castro,
Director de Asuntos Étnico.
Sin embargo, durante el encuentro, funcionarios del Instituto Colombiano De Bienestar familiar (ICBF), comentaron que los Indígenas adultos les corresponden respetar unos mínimos jurídicos, que primen por la protección a la vida digna y los derechos de los menores.
Sin embargo, durante el encuentro, funcionarios del Instituto Colombiano De Bienestar familiar (ICBF), comentaron que los Indígenas adultos les corresponden respetar unos mínimos jurídicos, que primen por la protección a la vida digna y los derechos de los menores.
Se recordó además, que la
mendicidad y el trabajo infantil son acciones tipificadas como delitos y que su
consentimiento acarrea sanciones radicales, para padres y tutores. De allí que
este tipo de encuentros donde se plantean alternativas para la eliminación de
esta práctica resulten valiosos en la búsqueda de soluciones encaminadas a su
prevención, teniendo en cuenta que a estos grupos étnicos debe dársele un
tratamiento especial, diferenciado del que puedan recibir familias urbanas.
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